miércoles, 1 de marzo de 2017

Su crisis que la paguen los capitalistas



                                                                
El estallido de la crisis financiera en 2008, que desencadenó la quiebra de diversas cajas de ahorro, ha llevado a la cárcel a varios banqueros hace un mes. Hasta ahora únicamente Blesa, de Caja Madrid, estuvo quince días en la cárcel en 2014 por irregularidades en la compra de un banco en Florida, episodio que acabó con el banquero en libertad y el juez Elpidio Silva, que lo enjuició, inhabilitado.
El que ningún banquero hubiera entrado en prisión por la gestión fraudulenta de las cajas de ahorros, se debía básicamente a dos motivos: porque el sistema está diseñado para proteger a los políticos y a los que están detrás (no olvidemos que las cajas de ahorros estaban dirigidas en su mayor parte por políticos o expolíticos), y porque estas fechorías se cometieron con el conocimiento —como mínimo— de los supervisores, sobre todo el Banco de España (BdE) y en algunos casos la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El arresto e ingreso en prisión de la cúpula de la antigua Novacaixagalicia marca, como decimos, un hito histórico en España: se trata de los primeros responsables de la quiebra y de la apropiación de los recursos de las cajas de ahorros que van a la cárcel. Fueron condenados en octubre de 2015 a dos años de prisión por administración desleal al apropiarse de 22 millones entre planes de pensiones y astronómicas indemnizaciones por despido cuando la entidad ya había recibido la primera de las tres inyecciones de dinero público que fueron necesarias para salvarla por la gestión que realizaron, que en total ascendió a 1.162 millones de euros. En este caso, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la suspensión de condena que habitualmente concede para las penas inferiores a dos años cuando no se tienen antecedentes penales. La razón de esta decisión es la especial gravedad de los hechos ya que la entidad —que se fusionó por decisión política, impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo—, quebró produciendo un quebranto a los contribuyentes de 8.269 millones de euros y de 511 millones a los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, según los datos del Tribunal de Cuentas. Resultó extraño, para quienes piensan que el actual sistema judicial funciona correctamente, que la Fiscalía Anticorrupción rebajara de seis a tres años la petición de condena, sobre todo porque el escrito de acusación era contundente.
Previamente, el caso había llegado hasta el Supremo. El alto tribunal decidió el pasado mes de septiembre no variar las penas a pesar de considerarlas “desproporcionadas”, pero no por su exceso, “sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas”. No obstante, la Sala de lo Penal no pudo incrementarlas porque ninguna de las partes reclamó la revisión al alza de la sentencia. Ante esta situación, los condenó a dos años. Esta decisión llegó poco después de que el magistrado conservador de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, fuese nombrado fiscal general del Estado.
Lo ocurrido con esta crisis no ha sido un fenómeno neutral. Entre 1996 y 2010, bancos y cajas cosecharon la friolera de 169.281 millones de euros de beneficios.  Con el estallido de la crisis, las entidades financieras, sobre todo las cajas, recibieron 94.755 millones de euros en ayudas directas de capital. Bancos y cajas percibieron, por otra parte, financiación privilegiada del Banco Central Europeo (BCE) a menos del 1%, que en el caso de los españoles llegó a alcanzar los 378.000 millones de euros, además de un trato fiscal excepcionalmente favorable. Todo esto supuso el engaño, el desfalco y el robo de la banca a todos y todas las ciudadanas y a las usuarias con la complicidad del gobierno.
Con la llegada de la crisis, iniciada en 2007 y agravada en 2008, los bancos y, sobre todo, las cajas, precisaron aún más capital para taponar sus crecientes pérdidas consecuencia fundamentalmente de inversiones temerarias, especialmente en el sector inmobiliario, con operaciones altamente especulativas basadas en la adquisición de suelo. La paradoja es que las cajas, que habían tenido unas raíces más sociales por su origen fundacional, se convirtieron en las instituciones más opacas, con un poder cada vez más absoluto en manos de unas cúpulas directivas en las que la casta política tenía gran peso.  En esta coyuntura, la actuación del Banco de España fue determinante
para que las entidades financieras colocaran masivamente las participaciones preferentes entre sus clientes para capitalizarse.
La desinformación y el engaño a que se han visto sometidos los y las usuarias han permitido múltiples desmanes y estafas como han sido las ya citadas preferentes, las cláusulas suelo, los swaps o permutas financieras, los intereses de demora desmedidos y los especialmente graves desahucios domiciliarios. La letra pequeña de los contratos y la mentira ha sido un instrumento que ha jugado siempre en contra de la gente trabajadora. Por ejemplo, cuando los bancos tuvieron conocimiento de que bajarían los tipos de interés corrieron a poner cláusulas suelo en las hipotecas para protegerse de este fenómeno, que conocían por informes oficiales, pero que eran completamente desconocidos por los ciudadanos. Se trataba de cubrir las pérdidas de sus insensatas inversiones realizadas con la única lógica del máximo beneficio y el robo del dinero adjudicándose elevados sueldos y pensiones.
En esto días va a debatirse en el Congreso sobre la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia y las cajas, a raíz de una solicitud presentada por Unidos Podemos y Compromis a mediados de enero. Se trata de investigar la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia, para depurar responsabilidades políticas en dicha crisis y en el posterior rescate de las cajas. Dicho rescate ha generado una deuda pública desorbitada que estamos pagando tod@s l@s contribuyentes. Esto no es sino una forma más de robarnos el dinero que debería destinarse a servicios públicos, mientras recortan y privatizan. Nos negamos a pagar la deuda, porque son los capitalistas quienes tienen que pagar su crisis, y tenemos que seguir luchando para que así sea.

Las protestas dan sus frutos

Cuando en otoño de 2011 se produjo el bloqueo de las preferentes (corralito), la noticia se propagó poco a poco por todo el país y a principios de 2012 estalló una oleada de manifestaciones y encierros en ayuntamientos, que en algunos casos se prolongaron durante seis meses. De manera totalmente improvisada se organizaron y multiplicaron sus acciones. Las protestas de l@s afectad@s por preferentes, junto a las realizadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), han constituido un tipo de movilizaciones que sintonizan fuertemente con las nuevas sensibilidades políticas nacidas a raíz del 15M, movimiento en el que surgieron ya muchos de estos colectivos de lucha por la vivienda.
La extensión de estas protestas forzó a los gobiernos de Galicia y Catalunya y al ejecutivo de Madrid a buscar algún tipo de solución para rebajar la explosiva tensión social. La respuesta fue establecer un sistema de arbitraje para facilitar la devolución del dinero a los casos más sangrantes. Aunque el arbitraje estuvo manejado y realizado a gusto de los bancos, a través de los consultores que habían contratado, permitió a casi 300.000 afectados recuperar su dinero.
Por otra parte, unas de las consecuencias más notables de estas movilizaciones fue que visibilizaron el tipo de víctimas y ejercieron presión sobre jueces y magistrados, forzándoles a superar las reticencias históricas a condenar a la banca. Primero fueron los juzgados de Primera Instancia, después las audiencias provinciales y finalmente el Tribunal Supremo los que adoptaron una nueva posición ante los hechos.
Y ahora el precedente sentado por la Audiencia Nacional se puede aplicar a muchos más casos y abre el camino a que otros muchos consejeros y directivos de cajas de ahorros acaben también entre rejas, incluyendo a los exvicepresidentes de los Gobiernos del PP y del PSOE Rodrigo Rato y Narcís Serra. Según algunas estimaciones, hay unos 300 exconsejeros y directivos imputados y 20 han sido condenados, pero hasta ahora ninguno había pisado la cárcel.
Sin embargo, sabemos que el sistema judicial es parte de un Estado montado por los de arriba para los de arriba, en el que los ricos no van a la cárcel y, en las raras ocasiones en que lo hacen, están allí poco tiempo. Y es que la clase dirigente burguesa puede pagar a los mejores abogados, chantajear a policías, jueces, políticos y fiscales, pagar las fianzas millonarias y presionar a los políticos a su servicio.
Tenemos más muestras de que la lucha sirve, como la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, de la que nos hacemos eco en este mismo boletín en una entrevista a afectd@s.
Como se grita en las calles: “¡Tenemos la solución, los banqueros a prisión!” pero ese eslogan del 15M que tan vigente sigue hoy sólo podrá concretarse y materializarse mediante movilizaciones colectivas que metan entre rejas a los banqueros ambiciosos que se han enriquecido a base de robar el dinero de todos y todas, al tiempo que revolucionan el sistema.
Lola Segura


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